Comienza septiembre y con él un nuevo periodo de sesiones en el Parlamento de Canarias en el que habrá numerosas iniciativas a tratar, entre ellas, la futura ley de Calidad Agroalimentaria, ya aprobada por el Consejo de Gobierno de Canarias, y que ahora llega a esta Cámara para ser debatida por todos los grupos políticos.
Tengo el privilegio de ser la encargada de defender la postura del Grupo Popular en relación a este tema. Un reto que asumo con entusiasmo y con la vocación de escuchar a los diferentes operadores del sector con el objetivo de saber si están de acuerdo o no con lo que figura en dicho Proyecto de Ley, y en su caso enmendarlo y mejorarlo.
Una norma que se me antoja importantísima si tenemos en cuenta las últimas investigaciones publicadas que aseguran que el auge por la comida sana ya no es solo una moda sino un estilo de vida que ha llegado para quedarse.
Así, el estudio Valores y Visiones 2030, publicado por la compañía de investigación de mercado GIM Suisse, asegura que el 52 por ciento de la población quiere saber la historia que hay detrás de los productos que consume: quiere saber cómo ha llegado a su mesa y conocer todo el proceso de elaboración, producción y distribución.
Lo que técnicamente se conoce como trazabilidad y rastreabilidad, y hasta hace bien poco eran vocablos utilizados por el sector, forma parte ya de nuestro día a día y demandamos que esa información esté a nuestro alcance a través de los etiquetados para saber las materias primas o ingredientes utilizados en su elaboración, los procesos utilizados, así como la composición y presentación del producto final que llevamos a nuestra mesa.
Estos principios básicos de política de seguridad alimentaria ya están definidos en la legislación de la Unión Europea desde 2002, y sus objetivos esenciales son facilitar el libre comercio de alimentos entre los países de la UE y garantizar el mismo alto nivel de protección del consumidor en todos ellos.
Nuestro país también cuenta con un Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria en el que se describen todos los controles oficiales llevados a cabo por nuestro país y por las diferentes autoridades competentes con el fin de garantizar el cumplimiento de las leyes a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta los puntos de venta al consumidor final.
Asimismo, Andalucía, Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia o Aragón son ejemplos de Comunidades Autónomas que ya cuentan con leyes de Calidad Agroalimentaria, dando así respuesta, por una parte, a la exigencia de consumir alimentos saludables y, por otra, a la creciente demanda de alimentos percibidos como de calidad, en los que se valora la variedad y la diversidad de los mismos frente a las producciones estandarizadas.
Ahora le toca a Canarias ir dando pasos en este sentido con este Proyecto de Ley que pretende regular determinadas menciones de etiquetado en nuestros productos, y que viene siendo una demanda del sector, como la de artesanía agroalimentaria, vino de finca o parcela, vino de frutas o la de algunos bienes agroalimentarios tradicionales de nuestra tierra.
Generar un espacio normativo unificado o acabar con el vacío legal en cuanto a infracciones y sanciones son otras de las prioridades de esta norma, que también contempla la creación del Consejo Canario de Control de la Cadena Alimentaria que desarrollará esa política de coordinación entre los distintos departamentos competentes en materia de calidad agroalimentaria, sanidad y consumo.
Con estas medidas estaremos apostando por no solo por la competitividad del sector primario sino también por la calidad de nuestros productos, evitando el fraude y la competencia desleal de aquellos que comercializan bienes de origen canario cuando en realidad no lo son.
Confiamos en que con esta Ley los canarios estemos más protegidos e informados sobre el contenido y la composición de los alimentos, para poder elegir con conocimiento de causa y trasladar los mejores productos a nuestra mesa.
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