Hace algunas semanas les hablaba en esta misma tribuna del periódico EL DÍA sobre los “pozos invisibles”, en muchas ocasiones “pozos demasiado visibles”, en los que caen muchos niños y niñas por no haber podido acceder a las pautas que necesitaban para empezar a edificar en el momento adecuado un proyecto de vida.
Me gustaría seguir compartiendo reflexiones con ustedes sobre este asunto, a partir de lo que escuché hablar a Sandra Astete Muñoz, especialista en Políticas de la Infancia de UNICEF Comité Español, quien nos avisa de que invertir en la infancia es el factor con mayor incidencia en el Producto Interior Bruto de un país, y estoy completamente de acuerdo.
También tenía ocasión de preguntarle de qué forma trabaja UNICEF en determinar hasta qué punto nuestras autoridades competentes pueden intervenir para que ningún niño pierda sus estudios por negligencia, justificada o no, de sus progenitores.
El absentismo escolar surge un día cualquiera como el de hoy. Mañana llego tarde, ya no me concentro, pierdo el ritmo de las clases? Al final es casi como si perdiera mi derecho fundamental a la educación, que es lo único que nos igualará a todos.
Detrás de cada familia desestructurada y afectada por la falta de empleo y oportunidades, de cada caso del detestable acoso escolar, de episodios trágicos de violencia contra las mujeres, queda un rastro que lo sufre la persona afectada, pero también una vida que no ha hecho más que empezar y que se ve marcada por esa situación indeseable.
Comprender esas pautas que necesita nuestra población infantil y juvenil, bien distintas a las que precisamos sus mayores, pasa por más inversión y esfuerzo en prevención y detección. Hacen falta más expertos en salud mental infantil y juvenil, total coordinación desde el centro educativo para detectar casos de abandono, desamparo o acoso.
Es una verdadera suerte que vivamos en una sociedad tan solidaria y preocupada, en el que son innumerables los profesionales inquietos, preocupados por los problemas de salud mental de la infancia, quienes nos siguen planteando estas necesidades reales que no se afrontan como sería deseable en España, tampoco en Canarias.
Otros países sí tienen sistemas en los que se prima que determinados centros educativos cuenten, por ejemplo, con alguna medida de internamiento que favorezca la integración plena de esos menores en riesgo severo, sin que ello signifique desarraigo ni salir de su entorno familiar.
Muchas veces, todos lo sabemos, es solo cuestión de que los padres y madres presten un poco más de atención a estas necesidades de la infancia que se quedan en el olvido y que son totalmente recuperables. En un entorno familiar saludable es donde mejor se crece, y concretar esas pequeñas excepciones con el apoyo necesario de los especialistas, puede no ser agradable al principio y no siempre se entiende, pero coincidirán conmigo en que podría suponer salvar proyectos de vida y reconducir situaciones.
El sistema que nos proponen algunos de los expertos que comentaba parte de un diagnóstico temprano de estas realidades infantiles y juveniles, muchas veces calladas, otras demasiado sobreexpuestas, detectadas a partir de un equipo multidisciplinar de profesionales que se implante en los colegios de forma paulatina y que realice ese primer diagnóstico que necesitamos para actuar.
Es posible que sea complicado o costoso comenzar con ese trabajo, pero mucho más duro será que sigamos afrontando las consecuencias de una dejadez inadmisible.
Este proceso requiere mucha más colaboración entre las concejalías de Servicios Sociales de nuestros ayuntamientos, los cabildos insulares y el Gobierno de Canarias, contando con el profesorado, las asociaciones de madres y padres de alumnos. Por mi parte sólo puedo garantizarles que sigo plenamente implicada en estas iniciativas que permitan consolidar esta tendencia para evitar que más menores sigan cayendo en pozos insalvables mientras lo único que se multiplica es el papeleo entre administraciones.
Nuestros niños y niñas merecen mucho más de quienes estamos en las instituciones.
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