En el último pleno celebrado en el Parlamento de Canarias tuve la oportunidad de defender una Proposición No de Ley donde solicitaba que esta Cámara condenara la dictadura en Venezuela y que el Gobierno Regional apoyara al Estado en la aprobación de un Estatuto de protección temporal para los venezolanos que se encuentran en España.
Todos sabemos los lazos históricos y culturales que nos unen a este país hermano, llamado cariñosamente la Octava Isla, y todos somos conocedores de que Venezuela está atravesando una de las épocas más oscuras de su historia: hablamos de crisis humanitaria, a la que se le suma una profunda crisis política, económica y social.
Muertes, desnutrición, desabastecimiento de productos y servicios básicos, inseguridad e hiperinflación, entre otras muchas causas, han llevado a los venezolanos a que su vida diaria se transforme en una lucha por la supervivencia.
Esto está provocando un éxodo sin precedentes que ha hecho salir del país a 2,3 millones de personas, generando un grave problema de inestabilidad en la región de América Latina, en especial en los países vecinos como Ecuador, Perú, Brasil y Colombia.
La avalancha migratoria de venezolanos también ha llegado a nuestro país. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, Venezuela fue la comunidad extranjera que más creció en España pasando de más de 63.000 personas el 1 de enero de 2017 a más de 91.200 en la misma fecha de 2018.
Esta huída ha disparado las solicitudes de asilo en España hasta niveles récord, ya que de las 31.120 solicitudes recibidas, 10.350 fueron de ciudadanos venezolanos, más del doble que los sirios con 4.225.
En nuestro Archipiélago estas cifras oficialmente suponen un total de 12.396 venezolanos, a los que hay que sumar los que no se encuentran inscritos y que supondría un aumento considerable de dicha cantidad. De hecho, somos la Comunidad Autónoma que junto a Madrid y Cataluña más venezolanos está recibiendo, por lo que es necesario sumarse a todas aquellas iniciativas que puedan adoptarse en nuestro país y que ayuden a sobrellevar la difícil situación que está atravesando nuestro pueblo hermano.
Yo me siento orgullosa de que con esta iniciativa estemos dando los pasos necesarios para ayudar a tanta gente que ahora lo necesita. Pero también ha servido para desmontar el único argumento que algún grupo político esgrime siempre para posicionarse cuando tocamos este tema: que solo utilizamos a Venezuela como arma política.
Ahora estamos en la oposición y seguimos defendiendo esta causa. Todos no pueden decir lo mismo. De hecho nos ha sorprendido y mucho el bandazo que el presidente, Pedro Sánchez, ha dado con Venezuela y el hecho de que haya impedido por primera vez, en ocho años, que los venezolanos puede manifestarse ante su consulado.
Como también nos quedamos asombrados al ver como evitó condenar el régimen de Maduro en la rueda de prensa que ofreció con el presidente de Chile, Sebastián Piñera.
En Canarias no nos ha extrañado mucho la abstención de Podemos – nos tienen acostumbrados-, pero la actitud del Grupo Parlamentario Socialista durante el debate y su abstención en la votación sí que ha llamado la atención no sólo mía sino de muchos venezolanos que nos acompañaban durante el debate de esta iniciativa.
Da la sensación de que algunos se les llena la boca de argumentos para hablar de políticas sociales y del bienestar de la gente en nuestro país, a la par que se les llena la boca de excusas para defender una dictadura que masacra a su pueblo.
Y no lo decimos nosotros. Son muchos los juristas y organismos internacionales que consideran que Venezuela lleva mucho tiempo recorriendo una peligrosa senda de deterioro democrático e institucional.
Yo, como siempre, prefiero estar del lado de la democracia y la libertad. Y creo sinceramente que Venezuela merece otro futuro.
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