“Quiero para Venezuela lo mismo que para España: democracia, libertad, derechos humanos, que no haya presos políticos y que sea un Estado de derecho”. Estas son las palabras que Mariano Rajoy ha pronunciado en todas las ocasiones en las que se le pregunta por la situación de ese país, la última vez aquí en Tenerife.

Venezuela lleva mucho tiempo recorriendo una peligrosa senda de deterioro democrático e institucional, y así lo consideran muchos juristas y organismos internacionales. Ante esta realidad, que algunos intentan justificar e incluso negar, no podemos permanecer callados.

De ahí que en el último pleno del Parlamento haya defendido una proposición no de ley en la que pedíamos la plena restauración del orden democrático, la liberación de los presos políticos y un calendario electoral que permita celebrar procesos libres y transparentes. Lo mismo que se ha solicitado también en el Parlamento Europeo y en el Congreso de los Diputados.

En Venezuela hay 183 personas que han sido privadas de libertad por protestar contra el régimen, por salir a las calles y demandar libertad. De ellos, casi una veintena tiene doble nacionalidad, y por tanto son europeos, e incluso españoles y canarios.

Como el caso de Andrea González, la joven canaria nacida y criada en La Guancha, que fue encarcelada junto a su pareja, Dani Abreu, el 17 de agosto de 2015. Un año y medio presos sin que conocieran los cargos que se les imputaban y que hace poco han sabido que se les acusa de terrorismo y de recibir dinero de Barack Obama, de Marco Rubio, de Álvaro Uribe, e incluso de periódicos españoles como La Razón, El Mundo o ABC.

Quiero agradecer a su hermana, Alejandra González, así como a los diversos representantes de Voluntad Popular, Copei, Primero Justicia, Acción Democrática, Asopevec y Unión Canaria Venezolana, así como a todos los venezolanos y canarios que me han ayudado a preparar mi intervención, porque creo que es la única manera de poder hablar en nombre del pueblo venezolano.

Un pueblo que es testigo de cómo aquellos que tienen que protegerlos cargan contra ellos. A través de los medios de comunicación, e incluso por las redes sociales, hemos visto las muertes por disparos, las tanquetas que pasan por encima de manifestantes, la represión con bombas lacrimógenas y los saqueos. Más de cuarenta muertos y centenares de heridos y cerca de dos mil personas arrestadas, muchos de ellos jóvenes estudiantes.

Miles y miles de personas han salido a la calle. Primero por la decisión de dejar sin funciones a la Asamblea Nacional, un hecho que la propia Fiscal General de la República, Luisa Ortega, tachó de violación del orden constitucional. Y segundo, tras el anuncio de un proceso constituyente, que contradice el artículo 347 de su Constitución, ya que el único que puede convocarlo es el pueblo.

Si a eso le sumamos el desabastecimiento de productos y servicios básicos, la inflación y la inseguridad, tendríamos que reconocer que la situación en nuestra Octava Isla es cada vez más insoportable. Sin olvidarme de nuestros hermanos venezolanos retornados que pasan las noches en vela porque llevan más de quince meses sin cobrar sus pensiones u otros muchos que no pueden tramitar su asilo político porque no tienen acceso a su documentación. Seguimos trabajando para garantizarles ayuda de emergencia.

Algunos dicen que utilizamos este tema como arma política. Yo tengo claro por qué hablo de Venezuela no solo ahora sino desde hace catorce años. Hablo porque este país nos ayudó cuando aquí solo había pobreza y desesperanza; hablo por los miles de canarios que siguen allí y hablo porque es de justicia, porque nos necesitan, porque tenemos una deuda con ellos y no debemos darles la espalda.

Agradezco el apoyo que todos los grupos políticos nos dieron, excepto Podemos, que se abstuvo, porque eso demuestra lo que llevo años diciendo: nadie que defienda la libertad puede ponerse de perfil ante lo que está ocurriendo. Nosotros no lo haremos, y como les dije, el pueblo de Canarias está con ustedes.

#SOSVenezuela