Han transcurrido más de 10 años desde que todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados acordaron la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y la ONU elogió el marco normativo que había conseguido España en el ámbito de la igualdad.
Sin embargo, y pese a los esfuerzos de todas las administraciones públicas, el pasado mes terminó como uno de los eneros con más mujeres asesinadas por violencia machista. Más allá de las cifras, los números y las estadísticas, debemos centrarnos en lo importante: detrás de estos casos hay dolor, sufrimiento, silencio y, por desgracia, muertes.
Cada víctima de violencia de género es un fracaso de nuestra sociedad. Hablamos de un problema que nos concierne a todos y de ahí que se haya dado pasos para abordarla desde un punto de vista político, social y educativo, entre otros aspectos.
En el Parlamento de Canarias no hemos permanecido ajenos y el pasado 10 de septiembre aprobamos una Proposición No de Ley (PNL) instando al Gobierno de Canarias a modificar el protocolo de coordinación interinstitucional para la atención a estas víctimas. Y en 2013 mi compañero y diputado Emilio Moreno presentó una PNL para garantizar la protección de los menores de padre agresor durante el tiempo que transcurre entre el delito y la sentencia firme.
A lo largo del pasado año son muchas también las actuaciones que se han llevado a cabo desde el Gobierno de España para conseguir una cobertura más amplia y eficaz en el sistema de protección para las víctimas, incluyendo en ella a los hijos y a su familia.
Quiero destacar la Ley 8/2015 de Protección de la Infancia y la Adolescencia, puesto que reforma la actual Ley 1/2004 en varios puntos y reconoce como víctimas directas a los hijos de las mujeres maltratadas. Decisión que se refuerza con el hecho de que el homicida no pueda cobrar la pensión que su muerte haya generado y, por tanto, la pensión de orfandad completa pasa a manos de los descendientes.
Si bien estas reformas han sido un paso adelante para proteger a los menores, también es cierto que siguen existiendo injustas situaciones a las que se están enfrentando asociaciones dedicadas a los hijos de víctimas de violencia de género, como la asociación Todos Somos Guacy, a la que quiero agradecer su trabajo y entrega por una causa tan justa.
Nos hablan de que muchos niños no pueden mantener los bienes heredados por el impago de los impuestos y tasas. De ahí que nuestra preocupación haya sido buscar algún tipo de fórmula que evite traumas económicos insalvables a los que ya arrastran unas secuelas psicológicas derivadas de la muerte de un ascendiente y de la posible pérdida de la patria potestad de su progenitor, normalmente en situación de reclusión.
Por eso, he registrado esta semana una Proposición No de Ley que pretende promover desde la Consejería de Presidencia, y junto a la Fecam, una modificación de las diferentes ordenanzas municipales con el fin de incluir en el capítulo de exenciones y bonificaciones del IBI, la basura, o la plusvalía, y también en las tasas de comedor escolar, a los hijos de víctimas de violencia de género hasta que puedan demostrar con ingresos su independencia económica.
Es lo menos que podemos hacer por unos niños que han pasado por un verdadero calvario y que encima tendrán que aprender a vivir sin su madre y sin su padre, bien porque este último está en prisión o bien porque también acaba con su vida.
Demasiado sufrimiento para unos menores que deberían disfrutar de su infancia y preocuparse sólo de los juegos y de las tareas del colegio, y que en cambio se convierten en adultos de un día para otro a la hora de pagar impuestos como cualquier ciudadano.
Espero que como en casos anteriores todas las formaciones políticas nos ayuden a sacarlo adelante.
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