Esta semana, en el Pleno del Parlamento, hemos dado el primer paso para modificar la Ley de Pesca de Canarias, fundamental para permitir como actividad complementaria la pesca turismo, así como el turismo marinero y acuícola, como forma de garantizar nuevos ingresos para este subsector.
Tal y como expuse durante mi intervención, todos salimos ganando con esta reforma, pues, por un lado, se favorece la conservación de nuestro medio ambiente marino, y por otro, nos adecuamos a la Ley de Pesca nacional, que fue consensuada con las comunidades autónomas y da cumplimiento a los acuerdos de España con la Unión Europea.
De hecho, la Ley de Pesca Marítima del Estado expone la importancia del turismo marinero para la diversificación del sector pesquero y la revitalización de las zonas costeras y rurales donde se desarrolle esta actividad, así como su utilidad en materia de difusión, valoración y promoción de los distintos oficios y modos de vida, además del patrimonio y la cultura pesquera.
Parece mentira que siendo la comunidad autónoma con mayor litoral de mar de toda España nuestra norma no contemplara estas actividades complementarias, pese a que el sector pesquero ha venido demandando su regulación durante muchos años.
Creo que la conformidad del Gobierno, y especialmente de la Dirección General del Pesca, supone una oportunidad histórica no sólo para dar una respuesta satisfactoria al sector, sino también para que Canarias no siga estando de espaldas al mar teniendo un mar de oportunidades a su alcance.
Nadie duda de que los recursos pesqueros son vitales para nuestra tierra, y a pesar de tener buenas condiciones para ello, la aportación de la pesca no es muy elevada en comparación con otros sectores, apenas un 0,2 por ciento de nuestro Producto Interior Bruto, y algo menos de 2.000 empleos directos.
Pero son empleos y son familias que viven de nuestro mar y ayudan a sostener nuestro ecosistema marino. Además, las cifras de capturas y de actividad nos demuestran que hay margen para el crecimiento.
2016 fue sin duda el mejor año de lo que llevamos de siglo. En término globales, hablamos de 26.500 toneladas por un valor que roza los 78 millones de euros. Y 2017 también fue un buen año, pues las cifras de producción de acuicultura y pesca fresca se mantuvieron pese al significativo descenso de la pesca congelada.
Canarias es la tercera comunidad autónoma en el cultivo de dorada, detrás de Valencia y Murcia, y la segunda de lubina, muy cerca de Murcia, que es la principal productora. A esto hay que añadir que las instalaciones acuícolas están propiciando durante los últimos años el surgimiento de otras actividades económicas diferentes a la producción de productos marinos, en la mayoría de los casos vinculadas al ecoturismo, la gastronomía o las actividades subacuáticas.
Lo mismo ocurre con el turismo pesquero o marinero, que es una oportunidad de diversificación para las zonas del litoral tradicionalmente dependientes de la pesca. Más aún en nuestra tierra, que tiene la suerte de contar con tres reservas marinas, que benefician a los profesionales locales a la vez que aportan un valor añadido a los centros de buceo y a las excursiones marítimas, a la pesca deportiva y a todas las actividades permitidas y reguladas.
Con dichas reservas ganamos en sostenibilidad, gana nuestro sector pesquero artesanal, y desde luego gana nuestro paisaje, que a fin de cuentas es uno de nuestros atractivos turísticos más importantes.
Creemos que con esta modificación de la Ley de Pesca, Canarias podrá sumarse a los objetivos contemplados tanto en la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) como en la Comunicación Europea sobre Crecimiento Azul e ir ampliando el número de puestos de trabajo ligados al mar, evitando la sobreexplotación y la presión en nuestro ecosistema marino.
Por fin vamos a poder hablar de más recursos, de más sostenibilidad, y por tanto de más empleos azules: de no dar la espalda al mar, sino de contemplarlo y verlo como un mar de oportunidades mucho más allá del componente alimenticio.
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