El caso del Aquarius, quizá por ser el más mediático, ha vuelto a poner de actualidad un tema del que debemos ocuparnos y preocuparnos porque, más allá de estas 629 personas, lo cierto es que durante estos últimos días los llegados en pateras y cayucos a Canarias y Andalucía multiplican ya por cuatro a los rescatados del barco que atracó en Valencia el pasado 17 de junio.

Para nosotros no es un tema nuevo. Todos recordamos cómo hace unos años nuestra tierra día sí y día también era noticia por estos hechos. Solo en 2006, Canarias recibió por vía marítima algo más de 31.500 inmigrantes, una cifra que nos colocó en el epicentro de una materia muy delicada, en la que hemos tenido un protagonismo en ocasiones hasta trágico que todavía nos duele.

De hecho, nuestra experiencia con los flujos migratorios fue tal que, dentro de la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del Parlamento de Canarias, se creó una Subcomisión de Estudios para la Inmigración -que tuve el honor de presidir- con el fin de elaborar un documento que sirviera de base para que la Unión Europea legislara y adoptara las medidas necesarias en torno a este asunto.

Todos los que formamos parte de este órgano entendíamos que nuestro Archipiélago debía promover un profundo debate sobre inmigración para, por un lado, contribuir a diseñar una política comunitaria que respondiera a los retos transnacionales de este fenómeno y, por otro, que se tuviera en cuenta la situación de los territorios que ofrecían -y que vuelven a ofrecer- una mayor incidencia de los flujos migratorios.

Yo me había propuesto darle 100 días de gracia al nuevo inquilino, no votado, de La Moncloa. Pero creo que hay actitudes del presidente que son contradictorias y que merecen no repetirse para lograr un mayor entendimiento.

Y me explico. El señor Sánchez presume de llevar los temas al Congreso de los Diputados antes de ser tratados en el Consejo Europeo. Desde aquí le digo que, a lo mejor, el caso del Aquarius también lo tendría que haber llevado a Bruselas antes de tomar una decisión unilateral, porque si queremos exigir a Europa, también debemos contar con Europa en las resoluciones que nos afectan a todos.

Además, no debería olvidar que tras el Tratado de Maastricht tenemos ciudadanía europea y, por tanto, el fenómeno de la inmigración y la búsqueda de soluciones no pueden ser exclusivos de un territorio o de un país, sino que requieren de una acción multilateral y un impulso coordinado de todos los miembros de la Unión Europea.

De ahí que este fuera uno de los temas centrales abordados en el Consejo Europeo celebrado a finales del pasado mes. A nadie se le escapa que este asunto nunca ha contado con el consenso necesario para llegar a una posición común pero sí hay una idea que parece unir a todos los líderes y que pasa por que las ayudas sean destinadas a los países de origen.

Les recuerdo, por ejemplo, que desde 2006 dos ediciones consecutivas del Plan de Acción para África, concebido en el peor momento de la llamada «crisis de los cayucos», han priorizado los intereses de nuestro país en el acelerado desarrollo de un continente que despierta lentamente al siglo.

Así, lo que fue pensado como un programa humanitario y que tenía como fin prevenir la inmigración a través del desarrollo se ha convertido en un instrumento de gran valía para trabajar en cuestiones como el crecimiento económico más allá de las ayudas o la ordenación de los flujos migratorios a través de la movilidad ordenada y sostenible.

Y es que temas como este no pueden tratarse desde la frivolidad ni desde la demagogia. Claro que es una cuestión humanitaria ayudar a nuestros semejantes pero también debemos ir más allá y pensar que siempre será más sostenible y humanitario ayudar a esos países a generar oportunidades que a dividir familias o a dejarse la vida en el mar por encontrarlas.