18 de septiembre de 2016
El 15 de octubre es una fecha clave porque será ese día cuando habrá que enviar a Bruselas el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, en un contexto donde posiblemente no podrá haber cambios en la política fiscal porque, como ya se ha advertido, un Gobierno en funciones no puede hacerlo.
Así lo anunció Mariano Rajoy, al tiempo que indicó que el Ejecutivo está estudiando todas las fórmulas jurídicas posibles para minimizar el daño del bloqueo por parte del líder del PSOE, Pedro Sánchez, porque el coste del no gobierno es cada vez más preocupante.
Hablamos de la posición que pueda adoptar la Comisión Europea si considera que nuestro país no puede cumplir sus compromisos, como el déficit, pues las consecuencias podrían ser o bien una multa o bien la suspensión de fondos estructurales y otras fuentes de financiación, que harían peligrar unos 1.325 millones de euros.
Además de esto, también nos preocupa la opción de que estos Presupuestos tengan que prorrogarse, si no llegan al Congreso el 30 de septiembre, pues estaríamos ante un escenario donde el Gobierno no puede decidir sobre nuevas inversiones o gastos. Es cierto que algunas partidas pueden actualizarse a posteriori mediante decreto ley, pero áreas como la Sanidad o la Educación tendrán que contar con el mismo dinero propuesto para 2016.
No son buenas noticias para España, y tampoco para Canarias, puesto que la economía de nuestro país también es la suma de todas las Comunidades Autónomas. Para empezar, podrían recibir 4.000 millones menos del Fondo de Liquidez Autonómica, ya que no se ha aprobado en el Congreso el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera que les permitía un déficit mayor.
También, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, explicó esta semana en el Parlamento las consecuencias que este bloqueo político, económico y social podrían tener para nuestra tierra.
Según explicó, unos 324 millones están en juego, ya que, y tal y como recoge la Ley de Presupuestos, hay determinadas partidas y convenios que tras finalizar el año en vigor no se prorrogan para el siguiente. Hablamos de una cuantía significativa, reflejada en las cuentas de Canarias de 2016, y que ahora deben ser salvadas por el Consejo de Ministros, e informadas por la Abogacía del Estado y la Intervención General para su posible ingreso.
El mayor volumen de estas cantidades corresponde a Empleo y Carreteras, pero también Obras Hidráulicas, Sanidad o Justicia, entre otras muchas, también verán afectadas las transferencias que realiza el Estado. Tal y como advirtió nuestra portavoz, María Australia Navarro, nos da la sensación de que las señorías del “no es no” no han calculado bien las consecuencias de esta decisión.
¿Qué tendrá que decir la parte que sustenta al Gobierno de Canarias y que son socialistas? ¿Están de acuerdo con la posición adoptada por Pedro Sánchez aunque eso suponga que puedan mermar los recursos para las consejerías de su competencia como Empleo o Sanidad? ¿No es contradictorio echar la culpa de la situación delicada de la sanidad canaria al Estado y ser su propio partido el que tiene a España paralizada?
Me gustaría saber qué piensa el PSOE canario de esta situación y si seguirán el ejemplo de algunos de sus compañeros, presidentes de autonomías, que también están preocupados por el futuro de su comunidad.
Frente a este bloqueo, me alegra ver cómo el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, se reúnen para explorar todas las vías posibles para que a nuestra tierra no le afecte tanto este escenario.
El propio Clavijo reconoció que existe voluntad política por parte del Estado para que estas partidas lleguen a Canarias. Confío en que así sea y confío también en que algunos cambien de opinión y permitan formar un Gobierno, porque tengo claro que los gobernantes o quienes aspiran a serlo deberían estar a la altura de las circunstancias ante lo mucho que nos jugamos.
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