En el último pleno del Parlamento he tenido la oportunidad de defender la posición del Grupo Popular ante el criterio del Gobierno respecto a la toma en consideración de la Proposición de Ley del Cabildo Insular de Tenerife sobre ordenación de los Barrancos de Güímar y restauración de ese espacio.
Lo dije en la sesión plenaria y lo repetiré las veces que haga falta. La Ley del Cabildo para ordenar y restaurar los barrancos ni ordena, ni restaura y sólo pretende frenar el desarrollo de este municipio. Ya lo advirtieron mis compañeros en la Corporación Insular en febrero, quiénes presentaron una moción solicitando su retirada.
Esta iniciativa pretende desclasificar por Ley casi cuatro millones de metros cuadrados, y lo que hoy es suelo rústico de protección minera, el Cabildo pretende directamente darle la categoría de suelo de protección ambiental, lo que no permitiría el desarrollo desde el punto de vista económico, turístico, agrario o ganadero ni tampoco la generación de empleo.
Y esto es precisamente lo que pide el Ayuntamiento de Güímar: una modificación de la ordenación urbanística y territorial de los barrancos que permita usos y que no los extinga, como pretende nuestro Cabildo. Y digo más. La sentencia reciente sobre esta situación, con la condena por delitos contra el medioambiente y la actuación ilegal de las extracciones, son factores que debemos tener en cuenta a la hora de pensar qué necesita este municipio.
Lo que no puede ocurrir es que la consejera de Política Territorial diga en sede parlamentaria que lo primero que tenemos que hacer es aprobar esta iniciativa y después ya se verá qué hacer con ese suelo. Y más vergonzoso aún es que den su visto bueno en el Consejo de Gobierno a un texto reconociendo que no cuenta con todos los informes pertinentes.
Por nuestra parte, y quiero hacer especial hincapié en este asunto, el Partido Popular sí comparte la suspensión de la actividad extractiva en este municipio, pero esta idea no puede utilizarse como argumento o excusa para el origen de esta Ley. Más que nada porque las explotaciones mineras presentes en Güímar no están amparadas por la autorización administrativa que exige la Ley de Protección Ambiental Integrada, o dicho de otra manera, son explotaciones en clandestinidad.
Podemos decir en términos sanitarios que nos están vacunando de una enfermedad que no existe. Y encima a ciegas porque el propio Gobierno ha reconocido que no pueden establecer a cuánto llegarían los perjuicios económicos derivados de esta Proposición de Ley del Cabildo.
Lo único cierto a día de hoy es que hay que rellenar nada más y nada menos que 23 millones de metros cúbicos en unos hoyos de más de 60 metros de profundidad. Una acción que los peritos han valorado en más de 171 millones de euros. Y yo les pregunto: ¿Habrá dinero suficiente para poder dejar el ámbito los barrancos en su estado original?
Coincidirán conmigo en que esos terrenos no volverán nunca a ser lo que fueron. Por eso nosotros hablamos de recuperación o reacondicionamiento y para ello es preciso saber a qué vamos a destinar ese suelo, y ver los ejemplos que ya existen en otras Comunidades Autónomas.
No podemos ni debemos olvidar que lo que se extrajo en Güímar repercutió en la progreso de muchos puntos de nuestra Isla, y ya es hora de que también seamos generosos con el municipio y lo ayudemos a sumarse al tren del progreso y de la inversión.
Respetemos la autonomía municipal en la ordenación urbanística y territorial que solicita la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, para aprovechar alguno de estos hoyos para un uso ecoturístico o para la generación de energía.
Todas nuestras islas tienen un problema de áridos y de canteras clandestinas, y no podemos esperar que cada Cabildo nos traiga una solución. Sólo una ordenación del territorio que ni expropie ni desclasifique ni restrinja derechos evitará las indemnizaciones. Y sólo buscarles un uso a esos hoyos permitirá su regeneración.
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