4.500 millones de euros en siete años. 643 millones de euros al año. O 1,76 millones diarios. Son las cantidades que Canarias recibirá entre 2014 y 2020 de la Unión Europa procedentes de programas como los Fondos Estructurales, programas de Cooperación Transfronteriza, Fondos agrarios y pesqueros, el Fondo destinado a las Regiones Ultraperiféricas (RUP) o el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El Gobierno de Canarias tendrá en sus manos una gran cantidad de dinero que se nos ofrece para lograr tres objetivos dentro de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y que pasan por usar de forma eficaz los fondos públicos y estimular la inversión privada, potenciar el empleo estable y primar la competitividad de la economía.

Ahora que las cifras macroeconómicas nos dan un respiro, es momento de incentivar la participación decidida de los inversores y que aprovechen la doble situación de privilegio de Canarias, pues tenemos uno de los marcos normativos, fiscales y financieros mejores del mundo, y desde luego, el mejor de Europa.

Siempre he defendido que en Canarias debemos apostar por un cambio radical en las líneas de actuación para que incrementemos nuestra competitividad y dejemos de ser meros receptores de ayudas, y así se lo he hecho saber al consejero de Economía, Industria, Energía y Conocimiento, Pedro Ortega Rodríguez, durante la primera comisión de Asuntos Europeos y Política Exterior del Parlamento que hemos celebrado esta semana.

No podemos permitirnos seguir invirtiendo este dinero en subsidios temporales dentro del sector público. Confío en que el nuevo consejero, que proviene de la empresa privada, sea capaz de lograr que Canarias supere la barrera que existe entre la administración y el inversor, y que el dinero que viene de la Unión Europea se consuma en su totalidad y, sobre todo, fuera de los muros del Gobierno, su entramado de empresas y organismos públicos, o con suerte los Cabildos insulares.

Para lograrlo tenemos que mejorar la gestión de las ayudas y que los sectores productivos de nuestra economía aprovechen hasta el último euro. Tenemos que ser más proactivos y más imaginativos a la hora de proponer proyectos a Bruselas, así como trabajar en la difusión de estas líneas de ayuda para que no se queden, un período más, en la esfera de la administración pública.

Y es que los Fondos de Cohesión y el Fondo Social Europeo tienen unos propósitos muy claros que pasan por la innovación y el desarrollo tecnológico, por la calidad de la enseñanza y la formación, por promover el empleo y la lucha contra la pobreza, y por mejorar la eficiencia de la administración pública.

El Partido Popular siempre lo ha tenido claro: el objetivo del Gobierno autonómico ha de ser la presentación de proyectos en colaboración con el sector privado y las corporaciones locales, que permitan que estos recursos europeos se encaminen a favorecer la contratación estable y la mejora de estos indicadores de crecimiento.

Por eso, es importante no caer en los errores del pasado. Y es que entre 2007 y 2013, y pese a tener 3.500 millones de euros adicionales, perdimos el seis por ciento del Producto Interior Bruto, o lo que es lo mismo, el equivalente a 2.531 millones de euros, y además se duplicó nuestra tasa de paro, que llegó al 34 por ciento.

Queremos creer que este nuevo Gobierno será capaz de reconducir esta situación. 4.500 millones de euros en siete años. 643 millones de euros al año. O 1,76 millones diarios requieren de una buena gobernanza, que llegará a buen puerto no sólo si se sacan a tiempo las órdenes de convocatoria, sino también si se invierte en divulgarlas entre los posibles inversores para reequilibrar el gasto de estas ayudas entre el sector público y privado.

Lograr que ningún proyecto que se genera en Canarias se quede sin dinero europeo debe ser nuestra única y principal prioridad. Prometo seguir siendo pesada con esta reivindicación desde nuestro Parlamento.