Hoy hace algo más de un año que escribí sobre la violencia que se ejerce a través de las nuevas tecnologías, en general, y en las redes sociales, en particular, y anunciaba mi propósito de trabajar en este tema, porque mal que nos pese, estos nuevos canales de comunicación tienen efectos positivos pero también han generado ciertos comportamientos peligrosos, a los que todos estamos expuestos, pero sobre todo nuestros niños y jóvenes.
Esta semana he tenido la oportunidad de exponer y defender una proposición no de ley para prevenir la violencia en las redes. Antes de explicar los detalles, quiero agradecer a todos los grupos políticos la sensibilidad que mostraron ante esta triste realidad y su apoyo para que fuera aprobada por unanimidad.
La iniciativa fue registrada en febrero de este año, y sólo dos meses más tarde se conocían las conclusiones del estudio de la Fundación Mutua Madrileña y Fundación ANAR sobre acoso escolar. Créanme, las cifras son demoledoras.
Las llamadas por casos de este tipo aumentaron durante el pasado año un 75 por ciento, con respecto al año anterior, y a través del teléfono de esta ONG se atendieron 25.000 consultas. Pero hay más: siete de cada diez víctimas sufren acoso a diario y el 40 por ciento desde hace más de un año.
Pese a estos datos, la Memoria de la Fiscalía General del Estado percibe un descenso en el número de denuncias por violencia en el ámbito escolar, y en contrapartida, alerta de un aumento de los delitos cometidos o difundidos por vía informática.
Niños que ante este tipo de situaciones acaban tomando decisiones drásticas, padres o madres que acosan o son acosados, pederastas o pedófilos que rastrean las redes son algunos de los muchos casos que suponen una amenaza para todos. Teniendo en cuenta estos indicadores de violencia, que alertan a toda la ciudadanía en su conjunto, no debemos omitir nuestra responsabilidad para actuar al respecto de forma coordinada.
Nadie se salva de la violencia o manipulación. Hay una gran vulnerabilidad en el sistema, por lo que hay que redoblar esfuerzos para alertar sin alarmar. Además, hay que tener en cuenta que esta violencia telemática se produce, reproduce y transmite de forma viral -y hasta el momento con casi total impunidad-, por la falta de educación y por falta de un marco normativo y judicial actualizado, que sumado a un total anonimato, amparaban a estos posibles “ciberdelicuentes” bajo la premisa de la libertad de expresión.
Quiero dejar claro que lo que persigo no es ni controlar ni censurar, simplemente solicité realizar una labor pedagógica, de difusión, sensibilización y concienciación social para que este tipo de sucesos no se normalicen o queden en la más absoluta impunidad. Divulgar para que los usuarios sepan que hay comentarios que pueden ser constitutivos de delito y que existen unas leyes que hay que cumplir.
Así se recoge en la Ley Orgánica 1/2015 que introdujo en el Código Penal un nuevo delito de acoso y delitos contra la libertad como pueden ser las amenazas, la falta al honor y el hostigamiento, con una mención específica a los de incitación al odio.
No quiero concluir sin antes agradecer la labor que están realizando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ante estas situaciones: el Grupo de Delitos Telemáticos (GDT), los Equipos de Investigación Tecnológica (EDITE,s) desplegados en cada provincia de España, y la creación de la aplicación “Alertcops” son algunos de los ejemplos de este magnífico trabajo.
Mi consideración también a la sociedad civil que se ha involucrado para prevenir y combatir estas amenazas y se han organizado en entidades como la Oficina de Seguridad del Internauta, Pantallas Amigas o Padres 2.0, por nombrar solo algunas.
Como ven, esta iniciativa sólo persigue prevenir y luchar en el ámbito regional contra una realidad que también nos toca y por la que debemos trabajar unidos para convivir en unas redes sin violencia y seguras para todos.
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