Esta semana, en el Parlamento de Canarias, he tenido el privilegio de defender los derechos y libertades públicas en Venezuela y dar voz y memoria a canarios que lamentablemente ya no están con nosotros. Nombres como Andrés Lorenzo, Alejo Tabares, Miguel Martín, Francisco Javier Rodríguez, o Wilder Carballo, son sólo algunos casos de hermanos nuestros, de canarios o hijos de canarios que un día viajaron a esta país a buscar una vida mejor, cuando aquí, en nuestra tierra apretaba el hambre y la pobreza.
De aquella tierra prometida que con tanto cariño nos acogió, hoy vemos con tristeza como Venezuela se ha convertido en un país inseguro, con una tasa de 82 muertes violentas por cada cien mil habitantes. Unos datos que lo convierte en el segundo país con más homicidios en el mundo, superado sólo por Honduras. Pero no sólo hablamos de muertes, sino también de secuestros, de robos, de desabastecimiento de productos y servicios básicos, de inflación y de inseguridad.
Lo dije durante mi intervención y lo repetiré las veces que haga falta: cualquier parlamento democrático que se precie no puede ponerse de perfil ante lo que está ocurriendo en Venezuela. Y menos nosotros. Porque sabemos los lazos históricos, culturales, políticos y económicos que nos unen a esta tierra. Pero sobre todo conocemos los lazos personales que nos unen a un país que cariñosamente llamamos y sentimos como la Octava Isla.
Venezuela nos acogió, nos abrió sus puertas. La comunidad canaria es la colonia foránea más importante. Hay 80.000 canarios inscritos en los registros consulares. Cifra que aumenta si se tiene en cuenta a los descendientes de canarios y que podría alcanzar las 250.000 personas.
Lamentablemente, Venezuela es hoy un país dividido y donde no se registra un clima de tolerancia que favorezca la activa participación e intercambio de ideas de los diversos sectores de la sociedad. Los actos en contra de periodistas y medios de comunicación en relación con su trabajo, así como la detención y privación de libertad de dirigentes políticos, hacen que este país sea un escenario donde el ejercicio de la libertad de expresión y de representación política sea una quimera.
Casos como el de Leopoldo López, Antonio Ledezma o Daniel Ceballos son un claro ejemplo. Personas que han sido privadas de libertad, junto a 75 personas más, por protestar por el régimen, salir a las calles y demandar libertad. Y no lo decimos sólo nosotros. 27 ex presidentes iberoamericanos suscribieron este año la Declaración de Caracas.
En el texto piden el cese de la persecución judicial contra la prensa, los presos políticos, la realización de las elecciones justas, la observación imparcial de los organismos internacionales y la disposición de medidas que permitan controlar la crisis económica.
Nada más y nada menos que 27 exjefes de Estado y de Gobierno que rechazan las actuaciones represivas del gobierno de Nicolás Maduro y abogan por la libertad de estos dirigentes políticos. Lo mismo que nosotros hemos solicitado al Parlamento: condenar la injusta situación de los dirigentes, privados de libertad y de sus derechos civiles, y reprobar el creciente uso de la inhabilitación para impedir que líderes políticos puedan participar en los próximos procesos electorales.
Creo sinceramente que lo está ocurriendo en Venezuela no puede ser una cuestión que debamos debatir por cuestiones ideológicas. Como también creo que no podemos agarrarnos al discurso de no molestar mucho por miedo a que haya represalias contra los canarios que viven allí. ¿Acaso no las hay ya?
Creo que lo ocurre en Venezuela es un asunto de libertad y de democracia. Y así lo entendieron el Grupo Socialista Canario, el Grupo Nacionalista Canario, el Grupo Nueva Canarias y el Grupo Mixto que enriquecieron y apoyaron nuestras peticiones.
No me cansaré de repetirlo: Esta tierra tiene una deuda moral con Venezuela y por eso no podemos darle la espalda ni ponernos de perfil.
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